Últimas modificaciones a la Ley de Segunda Oportunidad (art. 178 bis Ley Concursal)


En nuestro anterior comentario al Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, repasamos el contenido del nuevo artículo 178 bis por el que se establecían las reglas que permitían al deudor de buena fe beneficiarse de la exoneración de las deudas que no pudo pagar a través del procedimiento concursal.

Opinamos entonces que los requisitos para acceder a dicha exoneración eran tantos que la “segunda oportunidad” en la práctica estaría al alcance de muy pocos.

Con la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, el legislador ha modificado con buen criterio algunos de estos requisitos haciendo que puedan aprovecharse de esta “segunda oportunidad” un mayor número de personas.

Las modificaciones introducidas han sido las siguientes:

1) Con la anterior redacción, el deudor cuyo concurso hubiere sido declarado culpable, sea por la causa que sea, tenía vedada la posibilidad de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Ahora, sin embargo, se abre una ventana a aquellos casos en que la condena de culpabilidad estuviere basada en el incumplimiento del deber de solicitar el concurso (supuesto del art. 165.1.1º LC), por ejemplo, pedir el concurso fuera del plazo previsto para ello cuando ese retraso hubiese agravado la insolvencia. En ese caso, el Juez puede conceder el beneficio “atendidas las circunstancias y siempre que no apreciare dolo o culpa grave del deudor”. En la práctica esta última expresión admite muchas interpretaciones, todas ellas alrededor del hecho de si el deudor quiso el resultado de perjudicar a sus acreedores por no pedir el concurso a tiempo. Con esta modificación se repescan más candidatos a obtener la “segunda oportunidad”, pero nunca tendrán la certeza de conseguirlas hasta pasar por la interpretación que haga el Juez en su momento. Será un salto al vacío sin tener la garantía de que se abrirá el paracaídas de la exoneración.

2) Antes se exigía la inclusión del deudor en un Registro Público Concursal que era de acceso público. Ahora el acceso se limita a aquellos que tengan interés legítimo en averiguar la solvencia del deudor para devolver créditos o pagar bienes y servicios (bancos, financiera de vehículos, etc), así como a la Administración Pública y los Juzgados. No supone en la práctica mejora alguna, más allá de evitar que terceros sin ese interés legítimo curioseen sobre la situación de su vecino (punto 3, 5º).

3) El fiador o avalista que se haya visto obligado a pagar la deuda afianzada al acreedor no podrá subrogarse en los derechos que tuviera éste contra el deudor beneficiado por la exoneración, salvo que ésta se revocara. Esta modificación es lógica porque, de lo contrario, la exoneración no sería total. El Legislador pudo haber ido más allá, estableciendo la lógica extinción de la fianza o el aval juntamente con la deuda principal, pero no fue así: los padres que afianzaron la deuda de su hijo se verán obligados a pagarla, el hijo no (punto 5.2º).

4) Antes, si el deudor mejoraba sustancialmente su situación económica durante los cinco años siguientes a haber obtenido la exoneración de forma tal que pudiera pagar todas las deudas que hubieran quedado pendientes, cualquier acreedor podía pedir la revocación del beneficio de la exoneración. Esta amenaza lastraba la recuperación del deudor aplicado, que aún veía en el retrovisor de su emprendimiento la espada de Damocles. Con la reforma, esta posibilidad se limita ahora sólo a los supuestos en que la solvencia sobrevenida provenga no del esfuerzo propio sino ajeno o de la simple suerte, es decir “por causa de herencia, legado o donación, juego de suerte, envite o azar” (Punto 7).

5) La reforma se compadece de los deudores hipotecarios sin recursos, permitiendo que el Juez pueda declarar la exoneración definitiva de sus deudas a pesar de no haber cumplido en su integridad el plan de pagos, pero hubiera destinado a su cumplimiento al menos una cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no fueran inembargables. Antes de la reforma la ley aludía sólo a la mitad de los ingresos. Los deudores hipotecarios sin recursos aludidos son los que reúnan las circunstancias previstas en las letras a y b del artículo 3.1 del Real Decreto Ley 6/2012, art. 3.1, letras a y b, es decir, resumiendo mucho, los que tengan un préstamo hipotecarios sobre la vivienda habitual, que la suma de ingresos de la unidad familiar no supere los 22.365 euros anuales (para 2015) y que, además, hayan sufrido en los últimos cuatro años una “alteración significativa de sus circunstancias económicas”, por ejemplo, que lo que representa la hipoteca respecto de los ingresos familiares se haya incrementado en un 50%, o que hayan sobrevenido circunstancias familiares de especial vulnerabilidad tales como familia numerosa, entre otros supuestos (punto 8).

Veamos si la reforma, en vigor desde el 30 de julio 2015, tiene consecuencias prácticas favorables. Yo no soy optimista por la dificultad técnica en entenderla y aplicarla y por el largo camino que tendrá que recorrer el deudor hasta conseguir la exoneración definitiva desde que decide intentar un acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores (¡casi una década!).

Adolfo Martos Gross.

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