La situación urbanística de Marbella bajo la era Gil ya es agua pasada


Marbella es una ciudad única, no sólo por su clima sino por la peculiar situación urbanística que hemos vivido durante los últimos 20 años, desde que Jesús Gil y Gil fuera proclamado alcalde en 1991 en loor de multitudes hartas de la pasividad del anterior gobierno socialista. Tal era el hartazgo que el pueblo perdonó las excentricidades y exabruptos del acalde, con tal de que hiciera cosas por la ciudad. Gil comprendió que podía hacer con el urbanismo de Marbella su coto de caza particular. Para comprender cómo es posible que se haya permitido la construcción de 18.000 viviendas ilegales a la vista y paciencia del mundo entero hay que conocer bien los entresijos de la vida política municipal y regional.

Nada más acceder Jesús Gil al poder, el Ayuntamiento de Marbella inició una revisión en profundidad del PGOU de 1.986 para aumentar considerablemente el suelo urbanizable del municipio y la capacidad edificatoria del ya existente, así como permitir la edificación en zonas verdes y espacios dotacionales. Todo esto se empezó a gestar mediante convenios urbanísticos celebrados con los promotores quienes pagaban al Ayuntamiento una “compensación” (parte de ella no iba a parar a las arcas municipales, sino a los bolsillos de los políticos) a cambio de poder sacar el máximo aprovechamiento urbanístico posible de los suelos. Toda esta amalgama de convenios cristalizó en un Documento de Revisión aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en 1997 a la que le sucedieron posteriores modificaciones. Todas estas figuras de planeamiento aprobadas por el Ayuntamiento desde 1997 hasta 2003 sobre la base de dicho proceso de revisión fueron rechazadas por la Junta de Andalucía y por los Tribunales, para quien la única legalidad urbanística vigente seguía siendola del PGOUde 1986.

Tal realidad jurídica no la quiso reconocer el Ayuntamiento de Marbella, quien optó por una huída hacia adelante a base de conceder licencias de obra y firmar convenios urbanísticos sobre un planeamiento urbanístico inexistente.  Las promotoras no objetaron nada, viendo las enormes plusvalías que obtenían de sus inversiones en Marbella. Si a ello unimos la inicial pasividad de la Junta de Andalucía para impugnar judicialmente las licencias contrarias al PGOU de 1986 y la actitud reacia de los Tribunales a suspender de manera cautelar la efectividad de estas licencias mediante la paralización de las obras de edificación, se comprenderá ahora que llegaran a construirse hasta 18.000 viviendas ilegales en el municipio de Marbella. Es obvio que si el Hotel Senator de cuatro estrellas se pudo construir en pleno corazón de Marbella con una licencia ilegal e impugnada judicialmente es que los poderes públicos fallaron estrepitosamente.

Afortunadamente, hoy tenemos un nuevo PGOU, en vigor desde el 21 de mayo de 2010, con el que se ha puesto orden al tremendo caos urbanístico de la única manera posible: legalizando la mayoría de esas 18.000 viviendas ilegales, a modo de borrón y cuenta nueva. De este indulto se han quedado fuera las edificaciones levantadas de forma ilegal sobre zonas especialmente sensibles para la ciudad que tendrán que ser demolidas. A las 16.500 viviendas legalizadas por el PGOU se les hace pasar por el purgatorio de las llamadas “áreas de regularización”, en las que se impone la obligación de compensar con dinero el exceso de edificación o la falta de espacios verdes y suelos dotacionales en la zona donde fueron construidos.

Los actuales gestores del Ayuntamiento, conla alcaldesa Angeles Muñozal frente, han expresado su firme intención de que sean los promotores quienes tengan que asumir este coste. Pero que nadie se llame a engaño: si los promotores resultan insolventes serán los propietarios quienes tendrían que asumir el coste de esta regularización si quisieran completar el proceso de “normalización” de sus viviendas, aunque las compraran de buena fe.

Esta es la consecuencia del principio de subrogación en las cargas y deberes urbanísticos, que opera con independencia de la buena o mala fe del comprador. Ya veremos si el Ayuntamiento está realmente por la labor de exigir el pago a los propietarios de buena fe o no. Pero si terminaran pagando siempre podrán repetir contra la promotora que les vendió el piso y, en determinados casos, exigir responsabilidad al Ayuntamiento porque el origen de este problema es, no lo olvidemos, el funcionamiento anormal de la Administración.

Adolfo Martos

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