La impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios. Salvar el voto.


En las reuniones de las Juntas de Propietarios de la comunidad se deciden multitud de asuntos que afectan a la vida de los vecinos. A pesar de que es habitual que existan numerosas ausencias, la Junta es el órgano que determina las actuaciones a realizar por parte de la comunidad, de forma que sus acuerdos vinculan a todos los propietarios, estén o no presentes. Sin embargo, es posible que dichos acuerdos no estén tomados con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que los propietarios podrán impugnar judicialmente estos acuerdos. No entraremos en este artículo a analizar las causas que puedan dar lugar a la impugnación o sus plazos, sino que únicamente presupondremos que existe causa de impugnación para centrarnos en el objeto de este comentario: la expresión “salvar el voto”.

El artículo 18.2 de la LPH dice que “Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta…”. Es decir, que no es posible impugnar judicialmente el acuerdo si no has salvado tu voto en Junta. Esta expresión, leída literalmente de la Ley de Propiedad Horizontal, presume que el propietario que desee impugnar un acuerdo de la Junta no sólo debe votar en contra, sino que debe instar al secretario-administrador a que haga constar en acta que “salva su voto”. Así lo estaban entendiendo numerosas Audiencias Provinciales de España, si bien nunca fue una doctrina pacífica, puesto que unas Audiencias permitían la impugnación con el mero voto en contra y otras exigían que fuese salvado. De hecho, era posible que, en función de la sección de la Audiencia Provincial que tuviese que resolver el recurso, optase por un criterio u otro, por lo que era muy posible que el éxito de su reclamación dependiese de que le tocase resolver al a sección 5ª o la 6ª, a pesar de pertenecer al mismo órgano, la misma provincia y hallarse literalmente puerta con puerta en los juzgados.

Finalmente, en la resolución de un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto ante el Tribunal Supremo, éste ha dictado en Pleno la STS 242/2013, de 10 de mayo, que establece definitivamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre el asunto. Esta doctrina ha sido seguida por STS posteriores, por lo que se ha convertido técnicamente en jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en la forma que ahora diremos deberán todos los juzgados interpretar el precepto 18.2 LPH.

En la citada sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que “No coincide esta Sala con la doctrina de las Audiencias que consideran que el propietario presente en la junta que vota en contra del acuerdo comunitario no está legitimado para el ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos si no ha salvado previamente su voto…El interés casacional que ha permitido la formulación de este recurso exige casar la sentencia de la Audiencia Provincial, si bien manteniendo el fallo, y formular como doctrina jurisprudencial la siguiente: la expresión “hubieren salvado su voto”, del artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, debe interpretase en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo, sino únicamente al que se abstiene.”.

A pesar de que la lectura literal del precepto claramente separa a los que hayan salvado su voto en junta de los ausentes, de lo que debemos entender que la salva de voto es aplicable a los presentes, en el futuro todos los profesionales del derecho deberán interpretar que la salva de voto sólo afecta a los ausentes, quienes tendrán 30 días para manifestar su salva al administrador desde que reciban la notificación del acuerdo, y no afectará a los presentes, quienes estarán facultados para impugnar únicamente manifestando su voto en contra del acuerdo que corresponda.

Esta resolución facilita considerablemente la tarea a abogados, administradores y propietarios y ha quedado resuelto un problema que venía surgiendo desde que en 1999 se introdujo en la Ley de Propiedad Horizontal el polémico y hasta entonces inexistente acto de “salvar el voto en Junta”.

Francisco Pascual Padilla

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