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La impugnación de los acuerdos de la Junta de Propietarios. Salvar el voto.

En las reuniones de las Juntas de Propietarios de la comunidad se deciden multitud de asuntos que afectan a la vida de los vecinos. A pesar de que es habitual que existan numerosas ausencias, la Junta es el órgano que determina las actuaciones a realizar por parte de la comunidad, de forma que sus acuerdos vinculan a todos los propietarios, estén o no presentes. Sin embargo, es posible que dichos acuerdos no estén tomados con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que los propietarios podrán impugnar judicialmente estos acuerdos. No entraremos en este artículo a analizar las causas que puedan dar lugar a la impugnación o sus plazos, sino que únicamente presupondremos que existe causa de impugnación para centrarnos en el objeto de este comentario: la expresión “salvar el voto”. (more…)

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El Gobierno facilita la constitución de sociedades en tiempo récord. El Real Decreto 421/2015.

El BOE del 13 de junio pasado ha publicado el Real Decreto 421/2015 aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de mayo, por el que se podrán crear Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) telemáticamente en plazos muy breves (12 horas para escritura y 6 para inscripción en el Registro Mercantil).  Todo esto será posible con el Documento Único Electrónico (DUE), gracias a un sistema de trámites por Internet del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). (more…)

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La Ley de Segunda Oportunidad: otra norma electoralista que se queda a medias.

El ámbito social y el momento “oportuno”.

Llevamos años reclamando que los autónomos y las personas físicas en general no vean toda su vida abocada a la economía sumergida y la precariedad por un negativo hecho puntual o una crisis económica en la que primero se salvan los bancos y luego los ciudadanos. Debemos recordar que, por aplicación del Código Civil, los deudores responden con todos sus bienes presentes y futuros. Así, una empresa extingue sus deudas con su propia extinción o tras la finalización de un concurso con convenio, pero las personas físicas ni se extinguen ni pueden dejar de pagar en el futuro puesto que no pueden ser liquidadas, sino que tienen que seguir viviendo y comiendo hasta que mueren, por lo que las deudas los perseguirán toda su vida (y más allá, en el caso de que los herederos las acepten).

Dado que esta situación expone sobremanera a autónomos o particulares a una mala racha empresarial o a la pérdida de empleo, muy frecuente durante estos casi 10 años de crisis económica, el Gobierno prometió allá por 2011 una ley que impidiese que se produjera esta situación, permitiendo a autónomos y particulares recuperarse de los golpes del destino, como ya se hace en otros países. De esta forma, la idea era promover una ley que protegiese a autónomos de perder su casa y seguir pagando la hipoteca porque los clientes (o los entes públicos) no le pagan, o bien a un particular que ha perdido su trabajo, entre otros muchos ejemplos.

El resultado de todo esto ha sido que, al final de la legislatura y con una vocación claramente electoralista, ha nacido el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, es decir, la Ley de Segunda Oportunidad. Cabe señalar que, electoralista y tarde, al menos se ha hecho algo (insuficiente) y que, como muchas otras, esta ley tiene una serie de deficiencias en la redacción que ya están siendo analizadas y denunciadas por jueces de lo Mercantil en particular y juristas en general, pero podemos ceñirnos a analizar lo más relevante para este artículo, que es la modificación de la Ley Concursal para adaptarla a supuestos de persona física.
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El Tribunal Supremo pone coto a los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo.

Tras varios años de incertidumbre y criterios diversos, el Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente (por el momento) la cuestión de las cláusulas suelo. Así, en abril de 2015 conocíamos la última sentencia sobre esta cuestión, que opta por una vía intermedia que, si bien satisfará en parte a los bancos, supone un golpe para los perjudicados por las cláusulas suelo y para el ordenamiento jurídico.

La decisión final del Tribunal Supremo ha sido determinar la moderación de la nulidad en cuanto a sus efectos retroactivos, limitándola a 9 de mayo de 2013, fecha de la resolución que establecía la nulidad de las cláusulas suelo de forma general. Así, sólo devolverán las cantidades cobradas de más por aplicación de esta cláusula desde 9 de mayo de 2013 en adelante. (more…)

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Breve comentario sobre exclusión de IVA en tasación de costas en la jurisdicción contencioso administrativa

Tanto entre los juristas como entre el resto de ciudadanos que no lo son circula una expresión popular en relación con los pleitos: el que pierde, paga.

Este “dogma” tiene su base legal en diversos preceptos de leyes procesales, como el 394 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil o el 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Resumidamente, se establece que, quien vea estimadas todas sus pretensiones, tiene derecho a que el contrario (“el que pierde”) lo indemnice en una cantidad equivalente a lo que ha costado obtener la resolución estimando su pretensión (“paga”).

Esta cantidad entregada en concepto de indemnización que debe abonar el contrario vencido compone las famosas costas procesales, que pretenden reparar al vencedor de los daños (gastos) en los que ha tenido que incurrir para hacer valer su derecho.

Sin embargo, en las costas hay diversos conceptos a incluir, puesto que el litigante debe abonar diversos gastos. Entre las clásicas, minutas de abogado y procurador, ente otras muchas, como tasas, peritos en algunos casos, etc.

Las costas se configuran como una indemnización, no como un servicio, por lo que el contrario no tiene por qué pagarnos IVA sobre la cantidad que resulte. Sin embargo, el vencedor sí que tiene que pagar el IVA de las facturas de su abogado y su procurador. Por tanto, tiene toda lógica que esa cantidad en concepto de IVA se incluya en la indemnización, es decir, en las costas que el contrario debe pagar. Si el abogado costó 10.000 € de base y 2.100 € de IVA, mis costas de abogado son 12.100 €, y eso debería abonarme el contrario.

Pues, naturalmente y como siempre en Derecho, depende. No siempre es así. No pretende este comentario extenderse sobre el tema de las costas, pero sí podemos decir que depende del orden jurisdiccional que nos toque el IVA se repercutirá o no al contario en las costas. Así, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, mantiene un criterio que permite incluir el IVA en la tasación de costas y, de hecho, los secretarios judiciales del orden civil siempre incluyen el IVA de la factura como costas. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo mantiene que “ La no inclusión del I.V.A. como elemento integrante de las costas nada tiene que ver con la naturaleza de los honorarios del Abogado del Estado, sino con la improcedencia de que esta Sala anticipe un criterio propio sobre que dicho impuesto se llegue a devengar en el caso concreto de que se trate “, es decir, que no es que no tengamos que pagar el IVA a nuestro abogado, sino que el tribunal considera que no procede pronunciarse sobre ello, puesto que el impuesto podría no ser correcto, no devengarse, no tener que abonarse o cualquier otra circunstancia.

A pesar de lo ilógico que parece que a los magistrados de lo Civil les parezca oportuno pronunciarse y a los del Contencioso no, la realidad es que la tesis de la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es muchas veces acogida por los Juzgados de lo Contencioso, de forma que podemos encontrarnos que, tras meses o años de litigio contra la Administración, conseguimos una victoria con condena en costas (no tan habitual en el orden contencioso como en el civil) y, sin embargo, ese 21% de IVA que tendremos que pagar a nuestro abogado, nuestro procurador, nuestro perito…nadie nos lo va a compensar, a menos que seamos empresarios actuando en el ejercicio de nuestra actividad empresarial, porque entonces podría deducirse del IVA repercutido.

Francisco Pascual

Abogado

 

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Pleitos tengas y los ganes… contra la Administración Pública

La Administración Pública, como los Ayuntamientos, necesitan adquirir muchos bienes y servicios de autónomos y empresas privadas para el desarrollo de su actividad. Desde material de oficina hasta asesoramiento artístico, pasando por subcontratación del servicio de recogida de basuras o, especialmente, de construcción de obras públicas.

Sin embargo, bien sea por el despilfarro y la corrupción masiva de la época en la que el dinero fluía libremente, bien sea por auténtica falta de liquidez, muchos ayuntamientos dejan de hacer frente a las facturas de sus prestadores de servicios, quienes en muchos casos tienen que cerrar el negocio debido a que sus ingresos dependen en gran medida de la Administración morosa, o bien la deuda que mantiene la Administración es tan alta que la actividad es insostenible. Todo ello, mientras otras administraciones te reclaman tasas, impuestos o recargos.

La vía para cobrar las deudas de su empresa con la Administración, si la negociación no es posible, es la judicial. Sin embargo, no es tan sencillo como puede parecer.

Pongamos el típico ejemplo: usted es director de una empresa de construcción que consigue un contrato con un ayuntamiento para realizar las obras de una rotonda y las calles circundantes. Finalizada cada fase, entrega al ayuntamiento una certificación de obra, y cuando le pague, la factura pertinente (si es que no tiene que entregar directamente la factura y asumir el IVA, aún sin cobrar el trabajo). Llegado el vencimiento, el ayuntamiento no le paga ninguna de las certificaciones o facturas, así que decide demandar. ¿Va usted al juzgado? No, con un ayuntamiento no.

Primero, usted le reclama por escrito el cobro de la deuda. Cuando no le hagan caso y transcurra un mes, vuelve a hacerlo por una vía formal llamada “reclamación previa”. Cuando pase otro mes sin resultado, podrá contratar a un abogado para interponer la demanda, además de pagar al procurador y la tasa judicial.

En segundo lugar, interpuesta la demanda, pueden transcurrir meses hasta que el ayuntamiento se dé por notificado y, posteriormente, el ayuntamiento se opondrá a la demanda por deporte, sin razón alguna, lo que dará lugar a que la resolución se demore algunos meses más. Finalmente, obtendrá una sentencia que condena al ayuntamiento a pagar la deuda, más los intereses, y con condena en costas.

Sin embargo, su empresa sigue sin cobrar lo que le deben. Ahora deberá ejecutar la sentencia para conseguir que efectivamente le paguen, y aquí es donde podemos llegar a la más profunda desesperación.

En primer lugar, tras dos meses de espera desde que el ayuntamiento se dé por notificado de la sentencia, su abogado presentará la demanda de ejecución, y nos hallaremos ante una extraña situación: el juzgado no ejecuta las sentencias contra el ayuntamiento, sino que es el propio ayuntamiento quien designa un órgano del mismo ayuntamiento para que ellos mismos se auto-ejecuten la sentencia. No suele ser muy rápido.

El juez puede sancionar en incluso acusar de un delito al funcionario que dirija el órgano que debe ejecutar la sentencia pero, en la práctica, nunca lo hará, puesto que antes de que ocurra, pero después de hacerle esperar bastante, el ayuntamiento empezará a cumplir las órdenes del juez.

En segundo lugar, y tras un tiempo, el ayuntamiento simplemente no hará nada, con lo que obligará a solicitar que se designen bienes susceptibles de embargo, algo que habrá que reiterar y que finalmente no harán, porque pagarán parte de la deuda antes de que eso ocurra.

Esto último puede parecer un pequeño logro y, si bien lo es, nos enfrenta a un nuevo problema: con el Plan de Pago a Proveedores, los ayuntamientos han recibido una importante cantidad de dinero a préstamo del Estado, aunque este dinero sólo está destinado al pago del principal de las deudas. Por tanto, la estrategia de los ayuntamientos es pagar parte del principal, no pagar los intereses y argumentar que “como el ICO nos da dinero para el principal, no pagamos los intereses”. Con esto consiguen además paralizar los intereses y el llamado anatocismo, esto es, los intereses que devengan los propios intereses, que no pueden calcularse hasta que no se haya solventado el principal y sus intereses moratorios.

En resumen, desesperante.

A pesar de ello, es posible pedir al juez que obligue al ayuntamiento  a incluir la deuda en sus presupuestos o incluso a que la pague anticipadamente, con lo cual es posible que obtenga el cobro antes de que finalicen todos los trámites, si bien no siempre es posible ni es tan rápido como pueda parecer.

Debe asumir que la justicia es lenta.

GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y MARTOS, ABOGADOS tiene amplia experiencia en estas situaciones y ha solventado con éxito procedimientos como el descrito en el ejemplo, obteniendo el cobro de toda la deuda, más los intereses y el anatocismo, con argumentos legales y detallado conocimientos de la jurisprudencia que nos permiten resolver el caso favorablemente a sus intereses.

Eso sí, deberá armarse de paciencia para acudir a la vía judicial y confiar en su abogado, quien con total seguridad hará lo posible para que usted reciba el pago por el trabajo que ha realizado.

Francisco Pascual

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LAS CLAUSULAS SUELO y la posibilidad de pedir la devolución del interés pagado de más a la luz de la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga

Buenas noticias para los hipotecados en Málaga. En reciente sentencia de 12 de marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Málaga ha determinado que la nulidad de la cláusula suelo de una hipoteca determina la devolución de las cantidades abonadas de más por aplicación de dicha cláusula. De esta forma, si usted tiene una hipoteca con un interés variable de EURIBOR + 1% (actualmente en torno al 1,5 % en total) y le han estado aplicando el suelo mínimo del 3,5 %, no sólo tendrá derecho a que no le apliquen más la cláusula suelo, sino que el banco también deberá devolverle la diferencia entre lo que ha pagado de más y lo que debería haber pagado sin la cláusula suelo.

Hasta ahora, según Sentencia del Tribunal Supremo de 2013, la devolución masiva de estas cantidades no se producía porque podría provocar un colapso del sistema bancario, pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sí lo permite para casos de cada reclamante en particular.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga ha sido dictada por la Sección 6ª, pero con la participación de todos los magistrados que la componen. Por ello, aunque no sea de obligatorio cumplimiento para el resto de tribunales (sólo las sentencias del Tribunal Supremo crean jurisprudencia vinculante), marcan la pauta que habitualmente van a seguir todas las resoluciones posteriores de los tribunales malagueños sobre este asunto.

Eso sí, algunos bancos conceden la eliminación de la cláusula suelo de forma amistosa, pero en ningún caso devolverán las cantidades abonadas si no interponen demanda judicial contra ellos.

Por ello, y visto el nuevo criterio unificado de la AP de Málaga y los tipos de interés que durante años van a la baja, recomendamos que acudan a su abogado y demanden si no quieren que su banco, abusando de su posición, le siga cobrando más sin razón alguna.

Francisco Pascual

Abogado

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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Resumen del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril

A partir del próximo 1 de junio los propietarios de inmuebles, las agencias inmobiliarias y los promotores tendrán que obtener un certificado de “eficiencia energética” que describa las características energéticas del edificio o parte del mismo que quieran alquilar o vender. El legislador pretende aquí promover la construcción de edificios con alta eficiencia energética y la adaptación de los ya existentes a condiciones energéticas más eficientes, en línea con lo que viene haciendo el resto de Europa. (more…)

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El administrador y las convocatorias de junta. El voto por representante.

En las Comunidades de Propietarios es relativamente frecuente que el propietario nombre un representante para asistir en su lugar a la Junta de Propietarios. Las convocatorias de Junta General deben confeccionarse y  comunicarse al propietario por el Administrador, que no suele ser propietario y debe entenderse siempre como un prestador de servicios para la Comunidad.

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Adolfo Martos participa en la tertulia Punto de Encuentro de Onda Azul sobre Abogados Especialistas en Derecho Mercantil

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