2014 marzo





Pleitos tengas y los ganes… contra la Administración Pública

La Administración Pública, como los Ayuntamientos, necesitan adquirir muchos bienes y servicios de autónomos y empresas privadas para el desarrollo de su actividad. Desde material de oficina hasta asesoramiento artístico, pasando por subcontratación del servicio de recogida de basuras o, especialmente, de construcción de obras públicas.

Sin embargo, bien sea por el despilfarro y la corrupción masiva de la época en la que el dinero fluía libremente, bien sea por auténtica falta de liquidez, muchos ayuntamientos dejan de hacer frente a las facturas de sus prestadores de servicios, quienes en muchos casos tienen que cerrar el negocio debido a que sus ingresos dependen en gran medida de la Administración morosa, o bien la deuda que mantiene la Administración es tan alta que la actividad es insostenible. Todo ello, mientras otras administraciones te reclaman tasas, impuestos o recargos.

La vía para cobrar las deudas de su empresa con la Administración, si la negociación no es posible, es la judicial. Sin embargo, no es tan sencillo como puede parecer.

Pongamos el típico ejemplo: usted es director de una empresa de construcción que consigue un contrato con un ayuntamiento para realizar las obras de una rotonda y las calles circundantes. Finalizada cada fase, entrega al ayuntamiento una certificación de obra, y cuando le pague, la factura pertinente (si es que no tiene que entregar directamente la factura y asumir el IVA, aún sin cobrar el trabajo). Llegado el vencimiento, el ayuntamiento no le paga ninguna de las certificaciones o facturas, así que decide demandar. ¿Va usted al juzgado? No, con un ayuntamiento no.

Primero, usted le reclama por escrito el cobro de la deuda. Cuando no le hagan caso y transcurra un mes, vuelve a hacerlo por una vía formal llamada “reclamación previa”. Cuando pase otro mes sin resultado, podrá contratar a un abogado para interponer la demanda, además de pagar al procurador y la tasa judicial.

En segundo lugar, interpuesta la demanda, pueden transcurrir meses hasta que el ayuntamiento se dé por notificado y, posteriormente, el ayuntamiento se opondrá a la demanda por deporte, sin razón alguna, lo que dará lugar a que la resolución se demore algunos meses más. Finalmente, obtendrá una sentencia que condena al ayuntamiento a pagar la deuda, más los intereses, y con condena en costas.

Sin embargo, su empresa sigue sin cobrar lo que le deben. Ahora deberá ejecutar la sentencia para conseguir que efectivamente le paguen, y aquí es donde podemos llegar a la más profunda desesperación.

En primer lugar, tras dos meses de espera desde que el ayuntamiento se dé por notificado de la sentencia, su abogado presentará la demanda de ejecución, y nos hallaremos ante una extraña situación: el juzgado no ejecuta las sentencias contra el ayuntamiento, sino que es el propio ayuntamiento quien designa un órgano del mismo ayuntamiento para que ellos mismos se auto-ejecuten la sentencia. No suele ser muy rápido.

El juez puede sancionar en incluso acusar de un delito al funcionario que dirija el órgano que debe ejecutar la sentencia pero, en la práctica, nunca lo hará, puesto que antes de que ocurra, pero después de hacerle esperar bastante, el ayuntamiento empezará a cumplir las órdenes del juez.

En segundo lugar, y tras un tiempo, el ayuntamiento simplemente no hará nada, con lo que obligará a solicitar que se designen bienes susceptibles de embargo, algo que habrá que reiterar y que finalmente no harán, porque pagarán parte de la deuda antes de que eso ocurra.

Esto último puede parecer un pequeño logro y, si bien lo es, nos enfrenta a un nuevo problema: con el Plan de Pago a Proveedores, los ayuntamientos han recibido una importante cantidad de dinero a préstamo del Estado, aunque este dinero sólo está destinado al pago del principal de las deudas. Por tanto, la estrategia de los ayuntamientos es pagar parte del principal, no pagar los intereses y argumentar que “como el ICO nos da dinero para el principal, no pagamos los intereses”. Con esto consiguen además paralizar los intereses y el llamado anatocismo, esto es, los intereses que devengan los propios intereses, que no pueden calcularse hasta que no se haya solventado el principal y sus intereses moratorios.

En resumen, desesperante.

A pesar de ello, es posible pedir al juez que obligue al ayuntamiento  a incluir la deuda en sus presupuestos o incluso a que la pague anticipadamente, con lo cual es posible que obtenga el cobro antes de que finalicen todos los trámites, si bien no siempre es posible ni es tan rápido como pueda parecer.

Debe asumir que la justicia es lenta.

GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO Y MARTOS, ABOGADOS tiene amplia experiencia en estas situaciones y ha solventado con éxito procedimientos como el descrito en el ejemplo, obteniendo el cobro de toda la deuda, más los intereses y el anatocismo, con argumentos legales y detallado conocimientos de la jurisprudencia que nos permiten resolver el caso favorablemente a sus intereses.

Eso sí, deberá armarse de paciencia para acudir a la vía judicial y confiar en su abogado, quien con total seguridad hará lo posible para que usted reciba el pago por el trabajo que ha realizado.

Francisco Pascual

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LAS CLAUSULAS SUELO y la posibilidad de pedir la devolución del interés pagado de más a la luz de la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga

Buenas noticias para los hipotecados en Málaga. En reciente sentencia de 12 de marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Málaga ha determinado que la nulidad de la cláusula suelo de una hipoteca determina la devolución de las cantidades abonadas de más por aplicación de dicha cláusula. De esta forma, si usted tiene una hipoteca con un interés variable de EURIBOR + 1% (actualmente en torno al 1,5 % en total) y le han estado aplicando el suelo mínimo del 3,5 %, no sólo tendrá derecho a que no le apliquen más la cláusula suelo, sino que el banco también deberá devolverle la diferencia entre lo que ha pagado de más y lo que debería haber pagado sin la cláusula suelo.

Hasta ahora, según Sentencia del Tribunal Supremo de 2013, la devolución masiva de estas cantidades no se producía porque podría provocar un colapso del sistema bancario, pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga sí lo permite para casos de cada reclamante en particular.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga ha sido dictada por la Sección 6ª, pero con la participación de todos los magistrados que la componen. Por ello, aunque no sea de obligatorio cumplimiento para el resto de tribunales (sólo las sentencias del Tribunal Supremo crean jurisprudencia vinculante), marcan la pauta que habitualmente van a seguir todas las resoluciones posteriores de los tribunales malagueños sobre este asunto.

Eso sí, algunos bancos conceden la eliminación de la cláusula suelo de forma amistosa, pero en ningún caso devolverán las cantidades abonadas si no interponen demanda judicial contra ellos.

Por ello, y visto el nuevo criterio unificado de la AP de Málaga y los tipos de interés que durante años van a la baja, recomendamos que acudan a su abogado y demanden si no quieren que su banco, abusando de su posición, le siga cobrando más sin razón alguna.

Francisco Pascual

Abogado

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